Un juez deberá decidir si abre juicio o no al máximo responsable de la agencia migratoria mexicana acusado de ejercicio ilícito del servicio público y omisión en sus obligaciones que llevaron a la muerte de 40 migrantes durante el incendio de marzo en un centro de detención de Ciudad Juárez, en el norte del país.
La Fiscalía presentó numerosos documentos que acreditaban que, entre las funciones de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), estaba el salvaguardar y proteger a los migrantes y las instalaciones del instituto sin perjuicio de que lo hicieran también sus subordinados.
También dijeron que había documentos que probaban que Garduño conocía las malas condiciones del centro de detención siniestrado, donde los migrantes estaban hacinados sin ventilación y encerrados en una celda cuyas llaves nunca se localizaron en el momento del fuego.
Garduño sigue en su puesto y respaldado por el presidente mexicano. Aunque los fiscales pidieron separarle del cargo, el juez lo rechazó.
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