Arturo Medina Aguirre, coordinador de la bancada del PRI, presentó durante la última sesión del Segundo Periodo Ordinario del Congreso, una serie de reformas a la Ley de Pensiones Civiles del Estado para que policías estatales puedan acceder a retiros y jubilaciones especiales, anticipando los tiempos a comparación de las personas que reciben prestaciones de seguridad social por medio de PCE.
Durante su participación en tribuna, el legislador explicó que la propuesta está sustentada en los altos riesgos y las condiciones de desgaste que los policías sufren por su profesión, además de situaciones extraordinarias como la eventual separación que los elementos tienen de sus familias, así como las rotaciones territoriales para realizar su trabajo, entre otras.
En el dictamen se contemplan estos beneficios específicamente para miembros de las corporaciones que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) y la Fiscalía General del Estado (FGE). Además, se contempla una reestructuración en cuanto a las cuotas que los trabajadores aportan a su esquema de seguridad social.
Respecto a ello, el diputado planteó que durante el primer año se realizarán por un monto del 20 por ciento de su salario sujeto a cotización, misma que disminuirá en un 1 por ciento hasta llegar a los seis años de servicio. Al llegar a ese periodo, se fijará en un 15 por ciento hasta el año 20 de servicio; a partir de los 20 años, la cotización incrementará gradualmente un 1 por ciento hasta llegar a los 25 años.
En términos generales, indicó, cuando los elementos policiales tengan 25 años de cotización y 50 años de edad, tendrán derecho a una pensión por jubilación al 100%, mientras que cuando tengan 50 años de edad podrán acceder a un esquema de pensión que podría ir del 55% al 90% por rangos de cotización entre los 15 y los 24 años de servicio.
El priista puntualizó que, se ser aprobadas, las reformas surtirían efecto a partir del año 2027.
Según el proceso legislativo, al tratarse de una modificación a las normas estatales, el dictamen será remitido hacia una comisión especializada para que sea analizado y discutido en su totalidad. Posteriormente será remitido de nueva cuenta a la Mesa Directiva del Congreso, con la intención de que sea votado en el próximo periodo ordinario de sesiones.
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