Chihuahua se posiciona como el segundo estado con mayor número de homicidios dolosos en México en lo que va del 2025, de acuerdo con el informe presentado este lunes por Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
El balance de incidencia delictiva, con cifras consolidadas al 30 de septiembre, revela que Guanajuato encabeza la lista con 2 mil 084 asesinatos, seguido de Chihuahua con mil 371, Baja California con mil 344 y Sinaloa con mil 302 homicidios.
Figueroa destacó que siete estados concentran el 51% de todos los homicidios dolosos registrados en el país, entre ellos Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.
En términos porcentuales, Guanajuato representa el 11.13% de los homicidios del país, Chihuahua el 7.4%, Baja California el 7.3%, Sinaloa el 7.1%, Estado de México el 6.6%, Guerrero el 5.8% y Michoacán el 5.6%.
Durante septiembre, Chihuahua volvió a ocupar los primeros lugares al concentrar 8.7% de los asesinatos cometidos en todo el país, situándose por debajo de Baja California (9%), pero por encima de Guanajuato (8.4%), lo que confirma la persistencia de altos niveles de violencia en la entidad.
La funcionaria federal señaló que a pesar de que el fenómeno se concentra en un grupo de estados, 23 entidades del país lograron reducir su promedio diario de homicidios en comparación con septiembre de 2024. Destacaron las reducciones en Zacatecas (88%), Chiapas (73%), Quintana Roo (-68%), Jalisco (62%) y Nuevo León (61%), reflejando —dijo— “una tendencia general a la baja en el país”.
En contraste, los estados con mayor incidencia mantienen retos significativos asociados a la presencia de grupos criminales, disputas territoriales y actividades del narcotráfico, factores que continúan impactando en la seguridad pública y en la percepción de violencia a nivel nacional.
El informe del SESNSP se presenta mensualmente como parte del seguimiento a los indicadores de seguridad, y constituye una herramienta clave para el diseño de políticas públicas en materia de prevención del delito y fortalecimiento institucional.
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