La diputada de Morena, Magdalena Rentería Pérez, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas y la Ley Estatal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de homologarlas con la legislación federal vigente. La propuesta busca reforzar los mecanismos de identificación, seguimiento y sanción a personas deudoras alimentarias, así como asegurar una mayor coordinación entre autoridades locales y nacionales.
En su exposición, la legisladora explicó que la armonización normativa permitirá compatibilidad entre el registro estatal y el federal, lo que facilitará la integración de datos y fortalecerá las acciones de protección de niñas, niños y adolescentes. Señaló que la coexistencia de bases de datos en distintos niveles de gobierno hace necesaria una actualización que asegure procedimientos comunes y criterios homologados.
años la creación de herramientas para mejorar la prevención y atención de casos de incumplimiento alimentario. En este contexto, destacó que actualizar las leyes locales es indispensable para garantizar una detección oportuna de personas deudoras y evitar la evasión de obligaciones, especialmente cuando pueda existir riesgo de movilidad o migración.
La diputada precisó que, para asegurar la alineación plena con los objetivos federales, es necesario actualizar conceptos y procedimientos y reforzar la coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia, el DIF estatal y el nacional, así como la Procuraduría de Protección. “Para que Chihuahua se alinee plenamente con los objetivos nacionales de protección reforzada, es indispensable actualizar las leyes locales y homologar conceptos, procedimientos y atribuciones con la legislación federal vigente”, señaló durante la presentación de la iniciativa.
Entre los puntos centrales de la propuesta se encuentra la actualización permanente de la información del registro por parte de las instituciones competentes, lo cual permitirá un intercambio ágil de datos entre autoridades. La iniciativa también establece el acceso pleno de la Procuraduría de Protección a las bases de datos correspondientes, con el fin de mejorar el seguimiento de los casos y la atención a personas acreedoras alimentarias.
Otro elemento relevante es la obligatoriedad de presentar certificados de no inscripción en trámites públicos específicos, con el propósito de reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. La propuesta indica que esta medida debe aplicarse en ámbitos ya definidos por la normatividad, como parte de las acciones para prevenir omisiones y garantizar que las responsabilidades alimentarias se cumplan de forma adecuada.
Asimismo, el proyecto contempla la aplicación de medidas de restricción migratoria cuando exista riesgo de que una persona inscrita en el registro evada sus responsabilidades mediante la salida del país. De acuerdo con la iniciativa, estas medidas se implementarían cuando un juez determine la posibilidad de que la movilidad internacional sea utilizada como medio para eludir el pago correspondiente.
La diputada agregó que la armonización incluye la formalización del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, con el propósito de consolidar información sobre deudores y acreedores en un sistema estatal que sea compatible con el registro nacional. Esta medida, dijo, permitirá fortalecer la protección y la restitución efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
También se propone que los tres órdenes de gobierno soliciten el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias como requisito en los trámites ya establecidos. Esta disposición busca unificar criterios entre autoridades municipales, estatales y federales y contribuir a prevenir omisiones en el cumplimiento de obligaciones alimentarias.
Finalmente, Rentería Pérez sostuvo que la iniciativa tiene como objetivo mejorar los mecanismos institucionales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y, con ello, fortalecer la protección de la niñez en Chihuahua. Señaló que la coordinación entre autoridades y la actualización de las leyes locales representan pasos clave para consolidar un sistema más eficaz en la prevención, detección y sanción del incumplimiento.
