El Poder Judicial del estado de Chihuahua y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) formalizaron una alianza estratégica para unificar y homologar criterios en la emisión de pasaportes a niñas, niños y adolescentes que se encuentran inmersos en procesos judiciales familiares, con el objetivo de garantizar certeza jurídica y evitar retrasos administrativos que vulneren sus derechos.
El convenio fue encabezado por la magistrada presidenta del Poder Judicial, Marcela Herrera Sandoval, y la directora de la SRE en Chihuahua, Mónica Rodríguez Arredondo, quienes coincidieron en que esta coordinación interinstitucional representa un paso clave para modernizar la atención ciudadana y colocar el interés superior de la niñez como eje central de la actuación pública.
A través de este acuerdo, las sentencias emitidas por los juzgados familiares estarán alineadas de manera directa con los requisitos normativos que exige la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que permitirá que las autorizaciones judiciales para la expedición de pasaportes tengan validez inmediata ante la autoridad federal.
La homologación de criterios evitará interpretaciones divergentes, trámites repetitivos y demoras innecesarias, situaciones que en muchos casos afectan directamente a menores que requieren documentación oficial para ejercer su derecho al libre tránsito, reunificación familiar o protección internacional.
Como parte de esta alianza, también se implementará un programa de capacitación especializada dirigido a personas juzgadoras, enfocado en temas como restitución internacional de niñas, niños y adolescentes, pensiones alimenticias en el extranjero y movilidad internacional en contextos familiares complejos.
Estas acciones permitirán que las resoluciones judiciales sean más precisas, sólidas y acordes con la normativa vigente en materia de protección a la infancia, fortaleciendo así la seguridad jurídica tanto para las familias como para las autoridades responsables de ejecutar los trámites.
Durante el acto, las titulares de ambas instituciones subrayaron que la coordinación entre el Poder Judicial y la SRE responde a la necesidad de transformar los procesos institucionales en servicios más humanos, eficientes y sensibles a las realidades que enfrentan las familias chihuahuenses.
Para finalizar, afirmaron que con esta alianza estratégica, Chihuahua avanza hacia una gestión pública más articulada, en la que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes deja de ser un discurso y se convierte en una práctica concreta que garantiza su identidad, movilidad y bienestar integral.
