Según el Ministerio del Interior de Cuba, la embarcación con registro de Florida transportaba a diez personas armadas, todas de nacionalidad cubana y residentes en Estados Unidos.
Las autoridades señalaron que, con base en declaraciones preliminares, el grupo tenía la intención de ingresar al país con fines considerados terroristas. En el operativo se aseguraron armas largas, armas cortas, artefactos incendiarios, chalecos antibalas y equipo táctico.
El comunicado oficial indicó que dos de los ocupantes figuraban en investigaciones penales previas relacionadas con “la promoción o ejecución de actos violentos”, además, se informó sobre la detención de otro ciudadano cubano que habría viajado previamente desde Estados Unidos a la isla para facilitar la operación, quien reconoció su participación ante las autoridades.
Tras el hecho, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, ordenó una investigación independiente en coordinación con agencias estatales y federales. Por su parte, el congresista republicano Carlos Giménez solicitó una indagatoria federal al señalar preocupaciones sobre el uso de fuerza letal contra una embarcación registrada en Estados Unidos.
El incidente se registró cerca de un canal en Cayo Falcones en la costa norte de Cuba a aproximadamente 200 kilómetros de La Habana.
Las autoridades cubanas afirmaron que la lancha abrió fuego al ser interceptada, hiriendo a un comandante de la patrulla fronteriza.
En su mensaje final, el gobierno reiteró que mantendrá la vigilancia y protección de sus aguas territoriales.
