La Fiscalía General del Estado de Chihuahua presentó un recurso de revisión contra el amparo que permitió la liberación de José Luis A. C., propietario del crematorio “Plenitud”, en un nuevo episodio jurídico que mantiene el caso en los tribunales federales; la autoridad estatal busca que se revoque la resolución que dejó sin efecto la vinculación a proceso dictada en su contra.
A través de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, específicamente de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, el recurso fue interpuesto la noche del miércoles ante la instancia correspondiente, dentro de los plazos legales establecidos.
El Agente del Ministerio Público, adscrito a la Causa Penal 3448/2025, promovió el recurso con fundamento en los artículos 81, 84, 86 y 88 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, al considerar que existen elementos jurídicos suficientes para controvertir la determinación judicial.
La impugnación va dirigida contra la resolución emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, órgano que concedió el amparo y protección de la justicia federal a José Luis A. C., dejando sin efectos el auto de vinculación a proceso previamente dictado.
Dicha vinculación había sido emitida por un juez de control dentro de la causa penal correspondiente, al estimar que existían datos de prueba para iniciar el proceso penal en su contra; sin embargo, tras la resolución federal, el imputado obtuvo su libertad.
En paralelo, la representación social informó que también se promovió una queja administrativa ante el órgano competente en materia disciplinaria, en contra del juez federal que resolvió el amparo indirecto 746/2025-III.
La queja fue presentada por la vía electrónica contra el juez Luis Eduardo Rivas Martínez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado, por actos derivados de la tramitación del juicio de amparo que culminó con la resolución ahora impugnada.
Finalmente, la Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de agotar todos los recursos legales disponibles para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias, así como de defender la legalidad en el desarrollo de los procesos penales en curso.
