A puerta cerrada, integrantes de la Mesa Técnica Interinstitucional para el Análisis de los Resultados del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas revisaron la propuesta de reforma impulsada por Morena, la cual busca incorporar la figura de diputaciones y regidurías indígenas en la legislación local, con el objetivo de garantizar la representación política de los pueblos originarios.
De aprobarse las modificaciones a la Constitución local, el Código Municipal y la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, las autoridades estatales estarían obligadas a incluir estas figuras, mismas que deberán ser electas mediante voto popular.
El documento, identificado con el número 772, fue uno de los cuatro proyectos abordados durante la mesa técnica interinstitucional de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado. En este espacio participaron especialistas, asesores jurídicos, así como representantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas.
De acuerdo con la propuesta, el derecho a la representación política de los pueblos indígenas ya está reconocido en la Constitución federal; sin embargo, en Chihuahua aún no se ha garantizado plenamente en el ámbito local.
“En el grupo parlamentario de Morena consideramos de suma importancia la necesidad de implementar medidas legislativas que permitan garantizar el derecho a la representación política de las y los habitantes de los pueblos indígenas”, se señala en el proyecto de dictamen.
La iniciativa contempla la creación de diputaciones y regidurías indígenas bajo los principios de paridad de género y reconocimiento de la diversidad cultural. Para aspirar a una diputación indígena, se establece que la persona deberá pertenecer a un pueblo originario, ejercer su derecho de autoadscripción, ser reconocida por su comunidad y haber residido al menos dos años en alguna comunidad indígena del estado.
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Asimismo, se plantea que los municipios con población indígena deberán integrar regidurías indígenas, cuya cantidad será determinada por la autoridad electoral en función de la población. Estos cargos deberán asignarse conforme a la Ley Electoral del Estado y respetando los sistemas normativos internos de cada comunidad.
La propuesta también establece el reconocimiento del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía, lo que incluye la posibilidad de elegir a sus autoridades y representantes de acuerdo con sus propias normas, garantizando en todo momento la participación en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.






