El último balance reportado por el gobierno contabiliza 265 personas fallecidas, 496 desaparecidas, 3 mil 494 heridas y más de 25 mil familias afectadas.
La medida permitirá al Ejecutivo adoptar disposiciones mediante decretos con fuerza de ley durante el periodo establecido por la Constitución. Entre las acciones previstas se encuentra la modificación de partidas presupuestales para dirigir recursos hacia las zonas afectadas y atender las necesidades derivadas del desastre. La declaratoria deberá ser revisada por la Corte Constitucional.
El gobierno también contempla utilizar las facultades de la emergencia para establecer medidas fiscales que permitan obtener recursos destinados a la atención de la población. De la Espriella asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto y señaló que la situación ocurre mientras el país enfrenta restricciones presupuestales y un nivel elevado de endeudamiento.
Entre las acciones anunciadas figura la creación de un fondo para financiar la reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas, vías y aeropuertos que resultaron afectados por el sismo. El gobierno indicó que el fondo recibirá recursos nacionales e internacionales.
También se prevén subsidios para el pago de renta y servicios públicos destinados a las familias afectadas. Las labores de búsqueda continúan en distintas zonas del occidente colombiano, mientras equipos de rescate trabajan para localizar a personas que permanecen desaparecidas.
Las principales afectaciones se concentran en departamentos como Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca. El gobierno deberá publicar el decreto correspondiente para conocer el alcance específico de las medidas económicas y fiscales que serán aplicadas durante la emergencia.
