Transportistas que circulan por la carretera Chihuahua-Juárez denuncian que son sometidos a revisiones en retenes donde, según sus testimonios, les han exigido pagos de hasta 20 mil pesos para poder continuar su recorrido.
Edgar Olivas, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), señaló que algunas de estas revisiones son realizadas por personas que utilizan camionetas sin logotipos y que buscan cualquier irregularidad en la documentación para presionar a los operadores.
Sus declaraciones fueron difundidas por la organización y retomadas en información local; la Conatram ya ha señalado anteriormente irregularidades relacionadas con la operación del transporte en Chihuahua.
La acusación no significa que la FGR haya confirmado la existencia de estos cobros ni que todos los retenes señalados pertenezcan a esa institución. Se trata de una denuncia realizada por representantes del sector transportista, por lo que corresponde a las autoridades investigar la identidad de quienes participan en esos puntos de revisión y determinar si existe algún delito.
¿Qué denuncian los transportistas en la carretera Chihuahua-Juárez?
De acuerdo con Olivas, los puntos que más preocupación generan son aquellos donde participan camionetas sin identificaciones oficiales.
El representante de la Conatram afirmó que estos vehículos son colocados en distintos puntos de la carretera, entre ellos alrededor del kilómetro 80 y después de Villa Ahumada, para detener a los camiones y revisar su documentación.
Según su denuncia, durante las inspecciones se busca cualquier supuesto incumplimiento que pueda utilizarse para amenazar al conductor con una multa o con la retención de la unidad.
“A los camiones los ven con signos de pesos”, afirmó Olivas al describir la percepción que existe entre los operadores sobre estas revisiones.
El dirigente señaló que los transportistas han optado por pedir que, cuando exista una infracción, se levante la multa correspondiente y se solicite la intervención de la Guardia Nacional, en lugar de entregar dinero para continuar el viaje.
Señalan revisiones de documentos y códigos QR
Uno de los problemas denunciados está relacionado con la documentación que deben portar los operadores.
Olivas aseguró que durante las revisiones se han cuestionado documentos digitales y códigos QR. Según su relato, los responsables de los retenes llegan a señalar que un código es falso o que no tiene validez y, a partir de ello, presionan al conductor.
“Buscan cualquier cosa, hasta si un código QR tiene algún detalle, esto porque dicen que es falso o que no es válido”, declaró.
El representante de la Conatram sostuvo que, ante estas situaciones, los operadores prefieren solicitar que se formalice cualquier infracción para que intervenga la autoridad correspondiente.
“Lo que estamos haciendo es decirles que pongan la multa, que le llamen a la Guardia Nacional y nos sancionen”, explicó.
Sin embargo, aseguró que algunos conductores han permanecido retenidos durante periodos prolongados, aun cuando cuentan con la documentación que acredita la legalidad de la carga y de la unidad.
¿Quién puede revisar a los camiones en las carreteras federales?
Este punto requiere una precisión importante.
La Guardia Nacional sí tiene atribuciones expresas para realizar labores de vigilancia, inspección y seguridad en carreteras federales. La legislación establece que puede vigilar e inspeccionar las zonas terrestres de las vías generales de comunicación y los medios de transporte que circulan por ellas. También contempla su participación en la vigilancia del manejo, transporte y tenencia de mercancías dentro de su ámbito de competencia.
Además, la Guardia Nacional cuenta con facultades para determinar infracciones y aplicar sanciones relacionadas con disposiciones de tránsito y autotransporte federal, conforme a la legislación correspondiente.
Esto no permite concluir automáticamente que cualquier revisión realizada por otra autoridad sea ilegal. La FGR, por ejemplo, puede participar en investigaciones y operativos federales dentro de sus atribuciones. Lo que debe determinarse en cada caso es qué autoridad realizó la revisión, bajo qué operativo, con qué fundamento y si existió una conducta ilícita.
Por ello, la denuncia de la Conatram apunta también a la necesidad de identificar formalmente a las personas y unidades que participan en estos puntos de revisión.
Denuncian uso de camionetas sin logotipos
Otro de los señalamientos de los transportistas es la falta de identificación visible de algunas unidades utilizadas durante las revisiones.
Olivas aseguró que los operadores han observado camionetas sin logotipos y personas con el rostro cubierto, lo que dificulta saber a qué corporación pertenecen.
Según el dirigente, algunos de los presuntos agentes utilizan pasamontañas y evitan mostrar claramente su identidad.
Para los transportistas, esta situación aumenta la incertidumbre porque el conductor no tendría certeza sobre quién está realizando la revisión ni qué autoridad respalda el operativo.
La Guardia Nacional, por su parte, mantiene operaciones de inspección, seguridad y vigilancia en carreteras federales. La propia corporación señala oficialmente que realiza este tipo de operativos y dispone de canales para recibir reportes ciudadanos relacionados con incidentes en estas vías.
Un caso habría llegado a los 200 mil pesos
La Conatram también expuso un caso que, de acuerdo con Olivas, elevó todavía más la preocupación dentro del sector.
El dirigente relató que a uno de los transportistas le habrían intentado quitar una carga de cerveza bajo el argumento de que se trataba de mercancía de procedencia ilegal.
Según su denuncia, los responsables de la revisión habrían solicitado 200 mil pesos para permitirle continuar.
“Hubo un caso de que a un compañero le querían quitar una carga de cerveza, porque decían que era de procedencia ilegal, querían 200 mil pesos por dejarlo ir, pero les mostraron todos los papeles”, afirmó.
La declaración corresponde al testimonio del representante transportista y no constituye por sí misma una resolución de una autoridad ni acredita judicialmente que el hecho haya ocurrido de esa manera.
El caso tendría que ser investigado para determinar quiénes participaron, si existió una solicitud de dinero y qué ocurrió con la mercancía.
Transportistas dicen que han tenido que organizarse
Olivas señaló que una de las estrategias utilizadas por el sector para enfrentar estas situaciones ha sido organizarse y acudir ante las autoridades cuando alguno de sus compañeros denuncia una posible extorsión.
El problema, explicó, es que los puntos de revisión pueden aparecer en distintos lugares y horarios, por lo que los operadores no tienen certeza de cuándo podrían encontrarse con uno.
La situación ocurre en una carretera utilizada para el traslado de mercancías entre el centro del estado y la frontera con Estados Unidos, por lo que cualquier retención de una unidad también puede afectar los tiempos de entrega y la operación de las empresas transportistas.
Gobierno federal mantiene estrategia contra la extorsión
Las denuncias de los transportistas ocurren mientras el Gobierno de México mantiene una Estrategia Nacional contra la Extorsión.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que esta estrategia fue presentada en julio de 2025 y contempla acciones de investigación e inteligencia, unidades antiextorsión, atención a víctimas y un mecanismo nacional para recibir denuncias a través del 089.
Para marzo de 2026, la SSPC reportó que se habían recibido más de 161 mil llamadas al 089 desde el inicio de la estrategia y que mil 907 personas habían sido detenidas por extorsión en distintos estados.
En junio, la dependencia informó que la cifra de detenidos por este delito había aumentado a mil 468 personas entre el 6 de julio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.
Además, el Gobierno federal ya ha establecido mesas de trabajo con cámaras y asociaciones del autotransporte para atender problemas de seguridad, robo y extorsión en carreteras. En noviembre de 2025, la SSPC informó que se daría seguimiento a las peticiones del sector y a las carpetas de investigación relacionadas con robo al autotransporte.
Transportistas mantienen dudas sobre nuevas acciones
Olivas señaló que recientemente el Gobierno federal presentó ante representantes del sector una nueva área que tendría como objetivo atender directamente las denuncias por extorsión y que dependería de la SSPC, encabezada por Omar García Harfuch.
Aunque consideró positiva la creación de mecanismos especializados, expresó que entre los transportistas existe incredulidad sobre la eficacia de las nuevas medidas, debido a que, según afirmó, en ocasiones anteriores han presentado denuncias directamente ante las autoridades sin observar resultados suficientes.
El reclamo de la Conatram, por ahora, plantea dos asuntos distintos: por un lado, la necesidad de investigar los presuntos cobros y amenazas denunciados por los operadores; por otro, establecer con claridad qué corporación está detrás de cada punto de revisión y bajo qué fundamento realiza sus inspecciones.
Mientras no exista una investigación oficial que determine responsabilidades, los señalamientos sobre los cobros de 20 mil y 200 mil pesos deben presentarse como denuncias del sector transportista y no como hechos judicialmente acreditados.
