La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, denunció un presunto sobregasto de 837 millones de pesos en materia de comunicación social por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua durante el ejercicio 2025, cifra que —según señaló— cuadruplica el monto originalmente aprobado por el Congreso local.
De acuerdo con información proporcionada por la legisladora, el Congreso del Estado habría autorizado175 millones de pesos para este rubro; sin embargo, los datos de la Secretaría de Hacienda estatal muestran que el gasto ejercido presuntamente alcanzará 837 millones, lo que representa un incremento del378% respecto al presupuesto asignado.
Durante su intervención en el Pleno, la diputada formuló una serie de cuestionamientos dirigidos al Ejecutivo estatal, con el fin de esclarecer las razones del incremento presupuestal y los mecanismos de control utilizados. Entre ellos, pidió detallar los criterios empleados para ampliar el gasto en comunicación social hasta en un 300% durante los ejercicios fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025, así como los fundamentos jurídicos que permiten presentar presupuestos similares cada año pese a las ampliaciones reiteradas.
También solicitó que se precise el techo presupuestal proyectado para 2026, los principales gastos realizados por la Coordinación de Comunicación durante los últimos cuatro años, el desglose de contratos y el beneficio social derivado del gasto ejercido.
La legisladora exigió información sobre el monto destinado a publicidad en distintos medios —impresos, digitales, televisión, radio, pantallas y cine—, además de los recursos utilizados para estudios de opinión, monitoreo de medios y producción audiovisual.
Asimismo, pidió transparentar los contratos con proveedores de otras entidades federativas, así como los criterios de asignación y verificación de alcance y audiencia en medios contratados.
Argüelles recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Comunicación Social prohíben la promoción personalizada de servidores públicos mediante propaganda oficial, por lo que consideró necesario revisar el uso de los recursos bajo estos principios de legalidad, eficiencia y transparencia.
En su exposición, la diputada contrastó el gasto destinado a comunicación social con otros sectores del gobierno estatal. Señaló que, mientras la Coordinación de Comunicación Social ejercerá 792 millones de pesos en transferencias, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas cuenta con 201 millones, además de una reducción presupuestal de 648 mil pesos.
Argüelles sostuvo que este patrón de gasto “evidencia el uso político y clientelar de la comunicación pública”, al destinarse recursos a la autopromoción en lugar de atender las necesidades sociales prioritarias. Enfatizó que, de confirmarse las irregularidades, se estarían vulnerando los principios de austeridad, transparencia y rendición de cuentas.
