Chihuahua es una de las nueve entidades de la República Mexicana que continúa sin armonizar su Código Penal para reconocer en su interior que las terapias de conversión sexual o, como formalmente se les conoce, Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género atentan contra el libre desarrollo de la identidad y vulneran los derechos de la comunidad LGBTQ+, a pesar que desde el 2024 estas prácticas son reconocidas como un delito a nivel federal.
Este hecho toma especial relevancia luego de que el pasado 1 de julio, con 38 votos a favor y tres abstenciones, el Congreso de Veracruz aprobó la Ley de Violencia por Perjuicio, normativa que reconoce que los denominados Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género son prácticas vejatorias y que van en contra de los derechos humanos, adjudicándoles una pena de hasta siete años de prisión.
Las entidades federativas donde la armonización de los códigos penales locales con el federal permanece pendiente, a pesar de las existencias de colectivos y defensores de derechos humanos, son Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Tabasco y Tamaulipas.
En el caso específico de Chihuahua, existe una iniciativa promovida por la bancada de Morena que no ha conseguido siquiera ser analizada por las comisiones legislativas del Congreso del Estado desde hace ya cinco años; al igual que la propuesta de legislar en torno a la despenalización del aborto, permanecen en la denominada “congeladora legislativa”, junto a otros proyectos de dictámenes con cierta carga polémica.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Encuesta Nacional Sobre Diversidad Sexual y de Género (2021) un total de 4.6 millones de personas afirmaron formar parte de la comunidad LGBTQ+; de esta cifra, el 51.7 por ciento se reconocieron como bisexuales; el 26.5 como gays u homosexuales; 10.6 por ciento como lesbianas y el 11.2 por ciento restante con otra orientación, como la pansexualidad, la demisexualidad, la asexualidad, etcétera.
Al interior de la misma encuesta, se establece que 908.6 mil personas poseen una identidad transgénero o transexual, en comparación con 96.3 millones que afirman ser cisgénero.
Cerca del 5 por ciento de la población chihuahuense posee una identidad u orientación sexual que forma parte de la comunidad LGBTI+, lo que en términos numéricos significa más de 138 mil 600 ciudadanos. Las entidades con una mayor presencia de personas con una sexualidad diversa son el Estado de México (490 mil), Ciudad de México (311 mil), Veracruz (308 mil), Jalisco (298 mil) y Nuevo León (286 mil).
Lo preocupante se encuentra detallado filminas más adelante, en la diapositiva con el título “reacciones de los padres (LGBTI+). De los 4.6 millones de personas de 15 años en adelante que poseen una orientación sexual diferente a la heterosexual, el 9.8 por ciento fue obligado a asistir con un psicólogo, médico, autoridad religiosa u otra persona con la intención de “corregirle”, mientras que el 16 por ciento reportó que una vez que sus progenitores supieron fueron agredidos física o verbalmente por ellos.
En el caso de las personas trans, el porcentaje incrementa considerablemente. El 13.9 por ciento se le sometió a las denominadas terapias de conversión, mientras que el 22.2 por ciento fue víctima de agresiones físicas y verbales por parte de sus padres.
Mayté Gardea, presidenta de la asociación civil Unión y Fuerza Trans en Chihuahua, expresó en entrevista que el reconocimiento de las ECOSIG dentro del Código Penal de Veracruz representa un avance significativo en la defensa de los derechos humanos, ya que advierte a la comunidad que tener una identidad o una orientación sexual fuera de la heteronorma no es una enfermedad que deba curarse.
“Imagínate, qué tan triste es que hubo muchos suicidios después de estas terapias de conversión, jóvenes, niños y niñas que eran víctimas de estos actos tan terribles, tanto mentales, psicológicos como físicos, y tan fuertes como el abuso sexual, porque se perpetraron abusos sexuales en contra de las víctimas”, reconoció.
El reconocimiento de estas prácticas como delito, continuó, busca proteger a quienes comienzan a descubrir su identidad y su orientación, además de concientizar sobre la necesidad de denunciar estos comportamientos denigrantes.
“Quien lo quiera hacer, quien lo quiera perpetrar, pues se va a detener y habrá una persona que va a dejar de ser víctima de estos espacios. Cuántas personas no hemos llegado a pasar por esa experiencia; esos momentos son tan críticos y tan aberrantes que a veces ni en tu vida de adulto o de adulta los logras sacar de tu mente”, sinceró.
