La violencia vinculada con el crimen organizado ha obligado a familias de comunidades de la Sierra Tarahumara a abandonar sus hogares, de acuerdo con el Informe sobre el Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua. Resultados de la Misión Civil de Observación en Chihuahua 2026, presentado este martes por organizaciones civiles en ciudad de México y Chihuahua.
La Misión Civil de Observación (MCO) entrevistó en mayo a unas 200 personas en situación de desplazamiento forzado interno (PDFI) en los municipios de Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua. Las familias provenían principalmente de comunidades de Uruachi, Guazapares y Guadalupe y Calvo, además de casos procedentes de Tamazula, Durango, y San Miguel, Sinaloa.
El informe vincula los desplazamientos con disputas entre grupos delictivos por el control territorial, reclutamiento forzado, violencia generalizada, saqueo de recursos naturales y una respuesta institucional que las organizaciones consideran insuficiente. El diagnóstico se concentra particularmente en la región del Triángulo Dorado, zona donde confluyen Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Desplazamiento forzado afecta a comunidades de la Sierra Tarahumara
La misión realizó su trabajo de campo durante mayo de 2026 y documentó las condiciones de las familias desplazadas en Parral, Delicias y Chihuahua. Los testimonios recogidos permitieron identificar afectaciones relacionadas con la pérdida de viviendas, bienes, fuentes de ingresos y acceso a servicios básicos.
Información publicada tras la misión señala que la mayoría de las personas entrevistadas eran mujeres, menores y población indígena procedente de comunidades de la Sierra Tarahumara. Entre los principales lugares de origen se encuentra Guadalupe y Calvo, municipio que ha registrado episodios recientes de desplazamiento asociados con enfrentamientos entre grupos criminales.
El Consejo Nacional de Población (Conapo) ya había documentado la dimensión histórica del problema. Un ejercicio de caracterización publicado en 2023 registró 2 mil 877 habitantes de Chihuahua desplazados por violencia o inseguridad delictiva entre 2015 y 2020, aunque el propio organismo advirtió que existen vacíos de información sobre el fenómeno.
Crimen organizado y control territorial
La MCO sostiene que el desplazamiento no responde a una sola causa. En los testimonios recogidos aparecen disputas territoriales entre grupos delictivos, reclutamiento forzado, violencia, despojo y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.
Las organizaciones también señalaron como factores agravantes la falta de una estrategia efectiva de seguridad y la impunidad, además de presuntos vínculos entre autoridades y grupos delictivos. Estas últimas afirmaciones corresponden al diagnóstico de las organizaciones y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre responsabilidades individuales.
La situación de Guadalupe y Calvo ha generado intervenciones recientes de las autoridades estatales. En julio, el Gobierno de Chihuahua informó que su gabinete daba seguimiento al desplazamiento forzado en ese municipio y reportó acciones de asistencia, entre ellas entrega de alimentos e insumos, atención médica y acompañamiento a las familias afectadas.
Organizaciones cuestionan respuesta institucional
Durante la misión, representantes de las organizaciones se reunieron con funcionarios del Gobierno de Chihuahua y autoridades federales para presentar las condiciones encontradas y solicitar una ruta conjunta de atención.
El informe concluye que la respuesta institucional documentada por la MCO resulta insuficiente frente a la dimensión del problema y plantea la creación de una mesa interinstitucional permanente en la que participen los distintos niveles de gobierno.
La propuesta busca establecer mecanismos de coordinación para prevenir nuevos desplazamientos, atender a las familias que ya abandonaron sus comunidades y generar condiciones que permitan un eventual retorno seguro cuando existan garantías de protección.
El Gobierno de Chihuahua, por su parte, informó desde mayo que mantenía reuniones con organizaciones civiles y organismos defensores de derechos humanos para analizar los hallazgos de la MCO y construir propuestas de atención coordinada.
Piden una política nacional contra el desplazamiento
Las organizaciones plantearon que la atención del desplazamiento forzado interno requiere escuchar directamente a las comunidades afectadas e incorporar a las organizaciones con experiencia en acompañamiento de víctimas.
También solicitaron una mayor participación de la Federación y la creación de un marco jurídico nacional que establezca mecanismos para prevenir el desplazamiento forzado interno y garantizar protección, asistencia y reparación para las personas afectadas.
La necesidad de una política nacional ocurre en un contexto en el que México todavía enfrenta vacíos para dimensionar integralmente el fenómeno. El Conapo ha señalado que, pese a los esfuerzos institucionales para recopilar información, persisten retos para generar datos completos y comparables sobre el desplazamiento interno.
El informe presentado este martes coloca nuevamente a la Sierra Tarahumara en el centro de la discusión sobre desplazamiento forzado interno y plantea que la respuesta no debe limitarse a la asistencia inmediata, sino incorporar prevención, seguridad, protección de derechos, coordinación institucional y condiciones para el retorno o reubicación de las familias.
