La extorsión se disparó en Chihuahua durante el primer semestre de 2026, al registrar 97 víctimas, frente a las cuatro contabilizadas en el mismo periodo del año pasado. Lo anterior representa un incremento de 2,325 por ciento, el mayor crecimiento porcentual entre las entidades del país, de acuerdo con el Monitor de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nacional.
El comportamiento coloca a Chihuahua como el estado con el aumento más pronunciado de este delito entre enero y junio, periodo en el que a nivel nacional se contabilizaron 6 mil 562 víctimas, 551 más que en el mismo lapso de 2025, para un crecimiento de 9.17%.
Después del estado se ubicaron Zacatecas, con un aumento de 551.4 por ciento, al pasar de 35 a 228 víctimas; Yucatán, con 400 por ciento, de una a cinco; y Tabasco, con 184.2 por ciento, de 82 a 233 víctimas.
Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi), citada por Coparmex, el 97 por ciento de los casos de extorsión no se denuncia ni se registra, por lo que la dimensión real del delito sería considerablemente mayor.
De acuerdo con la nueva metodología del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, siete de cada 10 extorsiones ocurren a distancia, mediante llamadas telefónicas, internet o redes sociales, mientras que dos de cada 10 son presenciales y el resto corresponde a tentativas.
En contraste, el homicidio doloso disminuyó 30.1 por ciento, el secuestro 25.3 por ciento, el robo a transportista 19.4 por ciento, el robo de vehículo 16.9 por ciento, el feminicidio 10.7 por ciento y el robo a negocio 7.3 por ciento.
Ante este escenario, COPARMEX planteó fortalecer las acciones contra la extorsión, entre ellas concluir la homologación de las legislaciones locales con la Ley General en la materia, garantizar presupuesto para unidades especializadas en las fiscalías, instalar inhibidores en centros penitenciarios y verificar que estas medidas sean aplicadas.
El organismo empresarial sostuvo que el combate a este delito requiere instituciones con capacidad para prevenir, investigar y sancionar las extorsiones, debido a que su crecimiento representa un riesgo tanto para la población como para la continuidad de las empresas y la confianza para invertir.
