Colombia se prepara para poner en operación la cárcel Renacer, un centro penitenciario con capacidad para mil 974 personas privadas de la libertad, como parte de la estrategia del presidente Abelardo de la Espriella para reforzar el sistema penitenciario del país.
El penal se encuentra en el departamento de Magdalena, al norte de Colombia, y está ubicado en una zona alejada de centros urbanos.
Una fuente de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), organismo adscrito al Ministerio de Justicia, informó que la construcción presenta un avance de 88% y que el gobierno busca concluirla y ponerla en funcionamiento en el menor tiempo posible.
El proyecto comenzó durante el gobierno del expresidente Iván Duque, entre 2018 y 2022, pero permaneció detenido por falta de recursos económicos.
El complejo ocupa una superficie de 22 hectáreas y contempla pabellones con celdas equipadas con camas y espacios sanitarios. El gobierno pretende que los centros penitenciarios ubicados en zonas alejadas no tengan acceso a señal telefónica ni internet y que cuenten con vigilancia de una división especial del Ejército colombiano.
La administración de De la Espriella plantea construir diez centros penitenciarios durante los cuatro años de su mandato.
El proyecto Renacer acumula hasta ahora un costo de 291 mil millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 87 millones de dólares.
El funcionario de la USPEC señaló que la instrucción presidencial fue reactivar los trabajos para concluir el penal.
El plan penitenciario también contempla otras medidas. En agosto, el presidente planteó trasladar a personas consideradas de alta peligrosidad a buques ubicados en el mar, propuesta en la que participa la Armada colombiana.
Además, la alcaldía de Medellín trabaja en otro centro penitenciario de máxima seguridad con capacidad para mil 300 personas.
El modelo impulsado por el presidente colombiano toma como referencia algunas características del sistema penitenciario implementado durante el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, particularmente el aislamiento de personas acusadas o condenadas por delitos considerados graves y las restricciones de comunicación.
