El número de vehículos de procedencia extranjera que permanecen sin regularizar en la región sur del estado se ha duplicado en el último año, al pasar de aproximadamente 2 mil a cerca de 5 mil unidades, de acuerdo con la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa), lo que evidencia un creciente rezago tras el cierre anticipado del decreto federal.
Según Raúl Villalba, dirigente de la organización, el cierre anticipado del decreto federal para la regularización de vehículos de procedencia extranjera dejó a miles de propietarios en la incertidumbre, particularmente en la región sur de Chihuahua.
“El decreto se terminaba el 30 de septiembre de 2026, pero nos lo quitaron antes, el 30 de diciembre de 2025. Muchos vehículos ya estaban pagados, pero se quedaron a mitad del proceso”, señaló, al destacar que la decisión afectó directamente a quienes ya habían iniciado el trámite con la expectativa de concluirlo.
A nivel nacional, el programa permitió la regularización de casi 3 millones de vehículos; sin embargo, no logró cubrir la totalidad del parque vehicular irregular, dejando a miles de unidades, principalmente de origen estadounidense, fuera del esquema formal.
Uno de los principales obstáculos que enfrentan los propietarios es la falta de placas, ya que aunque algunos vehículos fueron registrados en el Registro Público Vehicular (Repuve), no pueden circular legalmente al no contar con láminas oficiales.
“El año pasado no había placas para ningún vehículo. Este año ya hay para algunos, pero para los americanos todavía no hay. Incluso los que ya están dados de alta en Repuve siguen sin placas”, puntualizó el coordinador.
Esta situación se debe en parte a los procesos de verificación que realiza la autoridad federal sobre los vehículos que ingresaron al país después del 19 de octubre de 2021, lo que ha frenado la entrega de documentación definitiva y prolongado la incertidumbre jurídica de los propietarios.
Villalba aseguró que la organización ha insistido ante las autoridades para que se retome y concluya el proceso, y señaló que desde el gobierno federal se mencionó la posibilidad de acudir a instancias estatales para finalizar el trámite; no obstante, no existen lineamientos claros.
“La presidenta dijo que podíamos acudir a gobierno del estado para regularizar, pero no hay indicaciones. No hay una ruta definida para resolver estos casos”, expresó.
Rezago que arrastra desde acuerdos comerciales previos
El problema, agregó, no es nuevo, sino que se arrastra desde años atrás, cuando el proceso de regularización vehicular se planteó como parte de los acuerdos comerciales internacionales, primero con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y posteriormente con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Dichos acuerdos contemplaban una desgravación gradual que permitiría regularizar vehículos conforme a su antigüedad, avanzando progresivamente hasta 2019; sin embargo, este esquema no se consolidó en la práctica.
“La idea era que se fueran regularizando conforme pasaban los años, pero no se respetó. Luego vino la pandemia y todo se detuvo”, explicó.
Ante este panorama, la Onappafa ha comenzado a gestionar solicitudes para que en las nuevas negociaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá se contemple nuevamente el tema de la regularización vehicular. “
Estamos pidiendo algo que ya se había contemplado. No es algo nuevo. Es injusto que se haya detenido y que ahora miles de familias se queden sin poder regularizar su patrimonio”, afirmó.
El impacto de esta situación no solo es legal, sino también económico y social, ya que muchos de estos vehículos representan una herramienta de trabajo o movilidad esencial para las familias, particularmente en regiones donde el transporte público es limitado.
La falta de regularización impide a los propietarios acceder a seguros, realizar trámites de compraventa o circular sin riesgo de sanción, incrementando la vulnerabilidad de quienes dependen de estas unidades.
La Onappafa reiteró que mantendrá la presión ante las autoridades para que se dé continuidad al programa o se establezcan mecanismos alternativos que permitan regularizar los vehículos pendientes.
