El aseguramiento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de armamento, droga, dinero en efectivo y diversos bienes vinculados a actividades ilícitas, ha generado unaafectación económica superior a 63.6 millones de pesos a grupos de la delincuencia organizada durante los últimos cuatro años en Chihuahua. Estos resultados son producto de la operatividad constante, la capacidad táctica y la presencia territorial de los cuerpos policiales, de acuerdo con el secretario Gilberto Loya.
Entre los decomisos de mayor impacto destacan 18 fusiles calibre .50, considerados entre las armas más letales del mercado ilegal y utilizados por organizaciones criminales con alto poder de fuego. Su aseguramiento representa una pérdida aproximada de 4 millones de pesos para dichas estructuras. Este tipo de armamento, diseñado originalmente para uso militar, tiene la capacidad de perforar blindajes y alcanzar objetivos a grandes distancias, lo que lo convierte en un recurso clave para grupos delictivos fuertemente armados.
Durante la actual administración estatal, los elementos de la SSPE también han logrado el aseguramiento de 889 armas largas, cuyo valor en el mercado negro supera los 31 millones de pesos, así como 825 armas cortas, que representan una afectación adicional cercana a 16 millones de pesos.
Las estimaciones económicas se basan en precios observados en mercados ilícitos, donde este tipo de armamento es comercializado. En conjunto, estos resultados reflejan el golpe sostenido que las operaciones policiales han propinado a las finanzas criminales, debilitando su capacidad operativa y reduciendo su margen de acción en el estado.
De acuerdo con Gilberto Loya, gran parte de estos resultados es debido al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas implementadas durante los últimos años a través de la Plataforma Centinela, sistema que integra miles de cámaras inteligentes, arcos carreteros, reconocimiento vehicular y centros de monitoreo conectados en tiempo real.
La red tecnológica permite detectar movimientos sospechosos, identificar vehículos vinculados a investigaciones y generar alertas inmediatas para las corporaciones operativas desplegadas en distintas regiones del estado.
Además de la infraestructura tecnológica, los aseguramientos han sido resultado de operativos permanentes coordinados entre la SSPE, corporaciones municipales, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades federales.
Un papel muy importante juegan los analistas y detectives de la SSPE, para ejecutar las tareas en campo por parte del personal operativo, esta combinación ah sido una herramienta muy eficaz para el combate a la delincuencia, comentó el funcionario.
Menos capacidad operativa para grupos criminales
La corporación apunta que los decomisos de armas representan uno de los golpes más significativos para las organizaciones criminales, ya que impactan directamente en su capacidad de operación, protección territorial y confrontación con autoridades o grupos rivales.
A diferencia de otras afectaciones económicas, el aseguramiento de armamento suele tener un efecto inmediato, debido a la dificultad para reemplazar ciertas armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y el alto costo que implica introducirlas nuevamente al mercado ilegal.
Los datos acumulados durante los últimos cuatro años reflejan una estrategia enfocada no solo en la detención de personas vinculadas a actividades delictivas, sino también en la reducción de recursos materiales que permiten la operación de las organizaciones criminales.
Chihuahua mantiene presión operativa
Las acciones de aseguramiento continúan desarrollándose en distintas regiones del estado mediante patrullajes, labores de inteligencia, revisiones carreteras y operativos conjuntos. De acuerdo con las cifras oficiales, el impacto económico superior a los 63 millones de pesos representa únicamente una parte de las pérdidas generadas a grupos delictivos, ya que no contempla otros factores como la interrupción de rutas de trasiego, la pérdida de vehículos utilizados para actividades ilícitas ni el debilitamiento de estructuras operativas derivado de las detenciones realizadas durante el mismo periodo.
En un contexto donde la disputa por territorios y rutas continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de seguridad, los aseguramientos de armamento de alto poder particularmente fusiles calibre .50 y armas largas, se han convertido en algunos de los indicadores más visibles del combate a la delincuencia organizada en Chihuahua.
“Cada arma asegurada es un delito que se evita y un golpe directo a quienes intentan desestabilizar la paz. En Chihuahua no cedemos terreno ante ninguna circunstancia y menos contra los generadores de violencia”, concluyó Gilberto Loya.
