El robo de agua potable, conocido también como “aguachicol”, puede ser castigado con penas de entre un año y medio y hasta 13 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Chihuahua. Además de constituir un delito patrimonial, esta práctica afecta el suministro del recurso hídrico para cientos o incluso miles de personas.
La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, informó que mantiene investigaciones abiertas por la sustracción ilícita de agua potable mediante tomas clandestinas, luego de que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS)presentara más de 850 denuncias por este delito ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
La Fiscalía recordó que el robo de fluidos contempla sanciones que van de un año y medio a cinco años de prisión; sin embargo, dependiendo de las circunstancias y la gravedad del hecho, la pena puede incrementarse hasta 13 años de cárcel.
El tema cobró relevancia luego de que la JMAS informara sobre el hallazgo de seis conexiones clandestinas en la zona de los Ojos del Chuvíscar, a la altura del Ejido El Fresno, utilizadas para extraer de manera ilegal agua potable destinada al abastecimiento de la ciudad de Chihuahua.
De acuerdo con el organismo operador, estas tomas clandestinas sustraían alrededor de ocho litros por segundo, volumen equivalente a aproximadamente mil 100 tinacos de agua al día, lo que representaba una afectación importante para la red de distribución.
Las mangueras clandestinas localizadas tenían una longitud de entre 1.5 y dos kilómetros, aprovechando la presión de la conducción principalmente durante las mañanas y las noches, cuando el flujo del sistema es mayor.
La JMAS señaló que este volumen de extracción resulta especialmente significativo durante la actual temporada de altas temperaturas, cuando el organismo enfrenta mayores dificultades para abastecer los tanques que suministran agua a una parte importante del sur de la ciudad.
El director ejecutivo de la dependencia, Alan Falomir, informó recientemente que la Junta ha presentado cerca de 850 denuncias por el delito de robo de agua potable. Precisó que todas corresponden a tomas clandestinas ubicadas fuera de la mancha urbana, y no a casos de uso irregular para consumo doméstico, los cuales siguen un procedimiento administrativo distinto.
En ese sentido, Falomir explicó que las acciones de inspección se han concentrado en las tomas instaladas fuera de la ciudad, ya que, por lo general, el agua sustraída se destina a actividades agrícolas e incluso al llenado de albercas, donde el volumen extraído es considerablemente mayor.
Finalmente, la Fiscalía General del Estado y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento informaron que continuarán con las investigaciones para integrar las carpetas correspondientes y determinar las responsabilidades de quienes resulten involucrados en la extracción ilegal de agua potable en el municipio.
